Para una sociedad con infancia decimos que:
El Sistema de Protección Integral de derechos es el conjunto de políticas públicas que consideran a las niñas, niños y adolescentes como sujetos portadores de derechos a lo largo de todo su crecimiento. Supone un avance importantísimo respecto del modelo de patronato que consideraba a las personas menores de 18 años "objeto" de tutela. Esto generó que durante casi un siglo, miles de pibes en condiciones de pobreza fueran privados de sus libertades.
En la base del nuevo Sistema se encuentra la obligación del Estado en sus distintos niveles - nacional, provincial y municipal - de garantizar las condiciones para que sean efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes a los largo de todo su crecimiento: a la vida, salud, alimentación, educación, a la identidad, seguridad social, deporte y recreación, participación ciudadana, libertad de expresión, convivencia familiar y comunitaria, entre otros. Para ello debe diseñar y aplicar políticas públicas integrales y universales con participación de los distintos actores sociales que intervienen en su desarrollo.
Este Sistema de protección Integral encuentra su marco legal en las leyes 13.298 y 13.634 de la provincia de Buenos Aires, en la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires, y la Ley Nacional 26.061, que se adecuan a los postulados de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, incluida en la Constitución Nacional desde el año 1994. Haberlas logrado constituye un triunfo de las organizaciones sociales, de los derechos humanos y de la democracia, ya que ofrecen un marco normativo apropiado para que todos los derechos sean ejercidos plenamente.
Para que esto sea una realidad y no una mera enunciación políticamente correcta, es fundamental la organización social y la participación de los propios niños, niñas, adolescentes, familias, redes barriales y territoriales, instituciones, trabajadores, profesionales, y todos los involucrados.
Esto es necesario en un país donde la distribución de la riqueza sigue siendo una cuenta pendiente, donde la precarización laboral afecta aún a 4 de cada 10 trabajadores, donde la “inclusión” de miles de hogares pasa por ser beneficiarios de un plan social de escasos 150$, y donde uno de cada dos chicos es pobre y crece viviendo sin poder acceder plenamente a sus derechos.
Para modificar esta realidad hay que disputar las políticas económicas, de desarrollo productivo, de empleo, de vivienda, de acceso a los servicios públicos, como parte de la solución de los problemas de los chicos. Porque estos últimos son el eslabón más débil de una larga cadena de vulneración de derechos.
Ante esto peticionamos:
Que se cumplan los plazos estipulados para la aplicación de las leyes y que se garanticen la implementación y el control de los recursos para la ejecución de las políticas públicas destinadas a infancia;
Que se informe claramente sobre el lugar/rol que la ley le otorga a las organizaciones sociales que trabajan con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias.
Que se garanticen condiciones para efectivizar la participación activa de las organizaciones sociales en la toma de decisiones respecto de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a niños, niñas y adolescentes que aseguren la promoción de derechos y ante casos de vulneración de los mismos;
Que se garantice la estabilidad laboral, condiciones de trabajo apropiadas y capacitación permanente en respecto del nuevo paradigma, para todos los trabajadores estatales del Sistema de Promoción y Protección de Derechos (del ámbito judicial, educativo, sanitario, etc.)
· Que se efectivicen políticas de empleo, de accesibilidad a la vivienda digna, a la salud; que permitan resolver las dificultades materiales de los grupos familiares vulnerables, a fin de evitar situaciones de exclusión social que afecten a niños, niñas y adolescentes.
Que se creen los espacios concretos de participación para la definición de políticas sociales que incluyan a los niños, niñas y adolescentes;
· Que se concrete la asignación universal para todas las personas menores de 18 años, y se creen las condiciones necesarias que puedan garantizar un piso digno de ingresos para todos los hogares, tomando decisiones políticas que promuevan una distribución justa de la riqueza.
Por todo lo expuesto los abajo firmantes exigimos la aplicación de las leyes mencionadas en este Documento, y la ejecución de políticas públicas orientadas a proteger y promover el reconocimiento de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tanto desde el ámbito local, provincial y/o nacional. Asimismo nos comprometemos a participar activamente en el diseño, la implementación, y el monitoreo de este Sistema Integral.
El Sistema de Protección Integral de derechos es el conjunto de políticas públicas que consideran a las niñas, niños y adolescentes como sujetos portadores de derechos a lo largo de todo su crecimiento. Supone un avance importantísimo respecto del modelo de patronato que consideraba a las personas menores de 18 años "objeto" de tutela. Esto generó que durante casi un siglo, miles de pibes en condiciones de pobreza fueran privados de sus libertades.
En la base del nuevo Sistema se encuentra la obligación del Estado en sus distintos niveles - nacional, provincial y municipal - de garantizar las condiciones para que sean efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes a los largo de todo su crecimiento: a la vida, salud, alimentación, educación, a la identidad, seguridad social, deporte y recreación, participación ciudadana, libertad de expresión, convivencia familiar y comunitaria, entre otros. Para ello debe diseñar y aplicar políticas públicas integrales y universales con participación de los distintos actores sociales que intervienen en su desarrollo.
Este Sistema de protección Integral encuentra su marco legal en las leyes 13.298 y 13.634 de la provincia de Buenos Aires, en la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires, y la Ley Nacional 26.061, que se adecuan a los postulados de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, incluida en la Constitución Nacional desde el año 1994. Haberlas logrado constituye un triunfo de las organizaciones sociales, de los derechos humanos y de la democracia, ya que ofrecen un marco normativo apropiado para que todos los derechos sean ejercidos plenamente.
Para que esto sea una realidad y no una mera enunciación políticamente correcta, es fundamental la organización social y la participación de los propios niños, niñas, adolescentes, familias, redes barriales y territoriales, instituciones, trabajadores, profesionales, y todos los involucrados.
Esto es necesario en un país donde la distribución de la riqueza sigue siendo una cuenta pendiente, donde la precarización laboral afecta aún a 4 de cada 10 trabajadores, donde la “inclusión” de miles de hogares pasa por ser beneficiarios de un plan social de escasos 150$, y donde uno de cada dos chicos es pobre y crece viviendo sin poder acceder plenamente a sus derechos.
Para modificar esta realidad hay que disputar las políticas económicas, de desarrollo productivo, de empleo, de vivienda, de acceso a los servicios públicos, como parte de la solución de los problemas de los chicos. Porque estos últimos son el eslabón más débil de una larga cadena de vulneración de derechos.
Ante esto peticionamos:
Que se cumplan los plazos estipulados para la aplicación de las leyes y que se garanticen la implementación y el control de los recursos para la ejecución de las políticas públicas destinadas a infancia;
Que se informe claramente sobre el lugar/rol que la ley le otorga a las organizaciones sociales que trabajan con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias.
Que se garanticen condiciones para efectivizar la participación activa de las organizaciones sociales en la toma de decisiones respecto de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a niños, niñas y adolescentes que aseguren la promoción de derechos y ante casos de vulneración de los mismos;
Que se garantice la estabilidad laboral, condiciones de trabajo apropiadas y capacitación permanente en respecto del nuevo paradigma, para todos los trabajadores estatales del Sistema de Promoción y Protección de Derechos (del ámbito judicial, educativo, sanitario, etc.)
· Que se efectivicen políticas de empleo, de accesibilidad a la vivienda digna, a la salud; que permitan resolver las dificultades materiales de los grupos familiares vulnerables, a fin de evitar situaciones de exclusión social que afecten a niños, niñas y adolescentes.
Que se creen los espacios concretos de participación para la definición de políticas sociales que incluyan a los niños, niñas y adolescentes;
· Que se concrete la asignación universal para todas las personas menores de 18 años, y se creen las condiciones necesarias que puedan garantizar un piso digno de ingresos para todos los hogares, tomando decisiones políticas que promuevan una distribución justa de la riqueza.
Por todo lo expuesto los abajo firmantes exigimos la aplicación de las leyes mencionadas en este Documento, y la ejecución de políticas públicas orientadas a proteger y promover el reconocimiento de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tanto desde el ámbito local, provincial y/o nacional. Asimismo nos comprometemos a participar activamente en el diseño, la implementación, y el monitoreo de este Sistema Integral.
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